Latinoamérica y los medios de comunicación por Martina Bondone y Cecilia Tangir

Introducción
Los medios de comunicación en Latinoamérica nacieron bajo el ala de las clases privilegiadas relacionadas con el poder político regional. Las principales familias que tenían el control económico pasaron a poseer los canales de televisión y las radios. Crearon así entre las dictaduras y el periodo neoliberal, oligopolios y monopolios de medios que son primero empresas comerciales, luego canales de difusión de información y también son tribunas adoctrinadoras para la defensa de sus propios intereses.
A partir de este trabajo queremos exponer las semejanzas en las relaciones que se han dado entre los medios de comunicación y los poderes ejecutivos durante los últimos diez años en los siguientes países: Bolivia, Venezuela, Ecuador y Brasil. Buscamos demostrar, analizando cada caso en particular, como este conflicto está en proceso de lograr o ya logró un cambio legislativo que afecta directamente a los monopolios privados mediáticos y como este hecho surge de la cobertura, o falta de esta, que se ha hecho de distintos acontecimientos que marcaron el signo de estos gobiernos más cercanos al voto popular. Además tenemos como objetivo dejar en  evidencia  la influencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en los ataques a dichos mandatos. Si bien esta organización surgió, supuestamente, como un espacio donde se encontraban representados y organizados todos los medios de América, rápidamente gracias a intervención de la dirección norteamericana viró a ser una asociación de los dueños de los medios. Hoy  tiene 1300 miembros en el continente con una circulación de diarios y revistas que alcanza aproximadamente los 43 millones de ejemplares por día. La SIP respaldó alternativamente a varias dictaduras del continente y recién en 1994 se planteó como entidad, en la Declaración de Chapultepec (México), la importancia de la democracia.

Venezuela
En el año 1999 el presidente Hugo Rafael Chávez Frías reforma la Constitución y los artículos 101 y 108 serán los antecesores del cambio político que entra en estrecha relación con los medios. Lo que proponen estos apartados, entre otras cosas, es que el Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural así como servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática. Además los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas.
El único canal estatal de Venezuela era el 8 para el año 2002. Los domingos el presidente contaba con varias horas al aire para que la gente pueda llamarlo y transmitirle sus dudas en lo que se convertía en una charla entre él y el público. El resto de los canales de la televisión abierta pertenecían a empresas privadas y una de las consignas recurrentes era quejarse por la censura que sufrían desde del gobierno nacional. Sin embargo después de años de dictaduras estaban viviendo una verdadera era de libertad de expresión, pero claramente los ideales nacionalistas del poder ejecutivo iban en contra de sus intereses económicos.
Para abril de ese año Chávez anunciaba el despedido de altos gerentes de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) en pleno proceso de estatización. El 12 de abril un grupo de manifestantes, alentados por los medios, marcha hacia la sede central de la empresa, pero en medio del recorrido los ánimos se caldean cada vez más, la influencia de la televisión aumenta y la muchedumbre se dirige hacia el Palacio de los Miraflores (Palacio Presidencial), donde miles de civiles chavistas se habían conglomerado para dar su apoyo al mandatario. Al llegar al centro de la ciudad, las protestas se convirtieron en violentos disturbios y enfrentamientos entre los opositores, los partidarios del gobierno y la intervención de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana de Caracas, dejando varios muertos y heridos. Los medios privados se las ingeniaron para mostrar sólo tomas estratégicas donde se veía a supuestos seguidores de Chávez abriendo fuego, pero lo que luego se hizo evidente es que había francotiradores mucho antes de que surgiera el apoyo espontáneo al gobierno. En medio del caos el General Lucas Rincón Romero anunciaba la renuncia de Chávez tras las presiones de los militares que habían ingresado al Palacio. Sin embargo el presidente depuesto a la fuerza había decidió entregarse e ir preso y no abandonar su cargo tras las amenazas de las Fuerzas Armadas. La torre de señal de canal 8 fue tumbada y el resto de los medios informaba que Pedro Carmona (presidente de Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela) asumía como presidente provisional. Su primer decreto consistió en la derogación de la Constitución de 1999. Sólo 2 días después, gracias al apoyo del pueblo y a varios militares que seguían siendo fieles a Chávez a pesar de custodiar el Palacio, el gabinete volvió a su lugar de trabajo y el presidente constitucional fue liberado.
El intento de golpe de Estado de abril de 2002 marca un giro en los procesos abiertos con el triunfo de la revolución bolivariana tres años antes. En el campo de la comunicación, atendiendo las demandas de participación y democratización de amplios sectores sociales, el Estado venezolano genera iniciativas constitucionales de regulación y la emergencia de experiencias mediáticas estatal-comunitarias, reinstalando la función social de los medios, objetivo excluido de las agendas mercantilizadas. Un hito importante es la búsqueda de una nivelación al desequilibrio informativo generado por la dominación y consta de la aprobación de la ley de responsabilidad Social en radio y Televisión, por la Asamblea nacional (2004).
Lejos de repudiar al golpe la SIP, en las resoluciones de su Asamblea Anual, no mencionó el episodio. Sin embargo sí dejó en claro su postura sobre el debate que afectaba sus intereses: “en un clima de hostigamiento continuo a la prensa en Venezuela se gesta ahora un proyecto que contiene la creación de un Consejo Nacional de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social integrado por asociaciones vecinales que tendrían facultades para imponer multas o decretar el cierre de cualquier medio de comunicación que infrinja sus presuntas disposiciones”.
Con el vencimiento de la concesión de la señal abierta de la televisora comercial con mayor audiencia nacional en ese momento (43% de rating), que pasó a ser manejada por el Estado mediante la naciente Televisora Venezolana Social (Tves), el gobierno de Hugo Chávez dio un paso determinante en la consolidación de la "hegemonía mediática del Estado" y romper con la “dictadura mediática”, tal como fue trazado luego de su reelección en 2006.
En Venezuela funcionan 111 televisoras de las cuales 61 pertenecen al sector privado (55%), 13 son de servicio público (12%) y 37 se califican de comunitarias (33%). En radio, en la frecuencia AM operan 172 emisoras privadas (87%) frente a 25 públicas (13%). En FM, hay 446 privadas (58%), 82 públicas (11%) y 243 comunitarias (31%).
Tanto las televisoras como emisoras de radio calificadas como "comunitarias" cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En la última década el Estado pasó de manejar una televisora pública (VTV) a seis en la actualidad (Tves, Vive, Ávila TV, Antv y Telesur).
Brasil
El marco legal regulatorio de las comunicaciones vigente en Brasil data de 1963 y ha permitido la formación de grandes monopolios que priorizan la cuestión empresarial a la tarea de informar, difundir y compartir dicha información.
En 1989 se celebraron elecciones directas a la presidencia de la república. Ignacio Lula Da Silva, del Partido Trabajador, era candidato a presidente, liderando todas las encuestas. Sin embargo las elecciones las ganó Fernando Collor de Melo, candidato conservador del Partido de la Renovación Nacional, que recibió un fuerte apoyo por una parte de la clase media y los industriales, además de sectores de medios de comunicación alineados con la derecha conservadora, que se sentían intimidados ante Lula y sus orígenes como sindicalista. Está demostrado que Collor de Melo inició una campaña de difamación de Lula junto al grupo mediático O Globo, presentando en los espacios de publicidad electoral gratuita a una antigua pareja del sindicalista con la que había tenido una hija. Según ella, Lula le había propuesto abortar tras quedarse embarazada de él y como la mujer era de raza negra Collor de Mello acusó a Lula de racista. La clave de la campaña sería el último debate televisivo entre los candidatos (en horario de máxima audiencia) en el que se concedió más tiempo a Collor de Melo. El 27 de octubre de 2002 Lula fue elegido presidente de Brasil tras ganar las elecciones en segunda vuelta con el mayor número de votos de la historia democrática brasileña.
En Brasil la Constitución prohíbe los monopolios, oligopolios y la entrada de capitales extranjeros en el mercado de medios. A ello se suman regulaciones específicas como la ley general de telecomunicaciones, el régimen de radios comunitarias y la Lei do Cabo (TV por suscripción). Sin embargo, los radiodifusores no comerciales son discriminados y más de 7.000 personas están involucradas en procesos penales por delitos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión.
La televisión abierta es el medio de comunicación más relevante en Brasil. Está presente en alrededor del 90% de los hogares del país y concentra casi el 60% de toda la inversión de la publicitaria. Pero la distribución de la inversión publicitaria también aparece condensada en la red O Globo, manteniendo alrededor del 52% del share y 70% de la inversión publicitaria en la televisión.
Lula convocó en 2010 a una Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), en la cual grupos sociales, en conjunto con el Gobierno, establecieron diferentes propuestas para lograr democratizar los medios de comunicación.
Sobre esto y los dicho del presidente respecto a las críticas que surgieron a su persona en los medios la SIP expresó: “Vemos a un gobierno con deseo de seguir los pasos de otro gobierno de América Latina en el que se desarrollan actitudes muy fuertes contra medios que quieren mantener una línea independiente, que no siguen la línea del Estado, del gobierno”.
Las mociones de la conferencia fueron plasmadas en 2011 en el Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación (FNDC), creando la “Plataforma para un nuevo marco regulador de las comunicaciones de Brasil”, base sobre la cual instaurar una nueva ley de medios. Se resaltó la necesidad de garantizar la pluralidad de puntos de vista y opiniones en los medios de comunicación; promover y fomentar la cultura nacional en su diversidad y con pluralidad; e impulsar la transparencia y el amplio acceso público a la información.
Sin embargo, el gobierno de Dilma Rousseff puso un freno a este avance. La presidenta teme que este proyecto de ley provoque un enfrentamiento con los principales grupos económicos. Esto se debe principalmente a que el 90% de los medios de comunicación de Brasil está manejado por empresas privadas, como la cadena Globo, SBT y Banda, mientras que el 10%  restante queda para la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), de gestión estatal.

Bolivia
Tras casi 20 años de gobiernos neoliberales, que al igual que en el resto de Latinoamérica se dedicaron a privatizar y endeudar a los estados, en Bolivia hacia el 2006 asume su primer mandato Evo Morales. Entre las medidas que toma, llama a una asamblea constituyente, uno de los detonantes del conflicto separatista que se da entre el sector oriental y occidental del país. La llamada medialuna, donde se concentra la mayor parte de la riqueza formada por Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, exigían su autonomía. Aquí los medios comienzan a cumplir un rol importante ya que se convierten en las tribunas desde donde la oposición para criticar, por decirlo de manera liviana, al gobierno.
Los principales grupos mediáticos están relacionados con familias cruceñas, la iglesia, grupos internacionales y además tienen conexiones con los partidos conservadores del lugar.
Los canales Unitel, ATB y Red Uno lideran las audiencias y acaparan el 70 % de la publicidad. El primero pertenece a la familia Montesinos, grandes latifundistas dueños de al menos 40.000 hectáreas en Santa Cruz, concedidas por el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria, por los gobiernos neoliberales del pasado). ATB (Asociación de Teledifusoras de Bolivia) formó parte del grupo español Prisa, hasta fines del 2009, que a su vez poseen todavía los diarios La razón de La paz y el sensacionalista Extra. Red uno pertenece a al empresario cruceño Ivo Kujlis que en tiempo pasado incursionó en la política siendo candidato a la vicepresidencia de Carlos Palenque, Jhony Fernández y por último de Manfred Reyes Villa, siempre formando parte de partidos con tendencias neoliberales y de “derecha”.

El grupo Líder posee ocho diarios: El Deber (Santa Cruz), Los Tiempos (Cochabamba), Correo del Sur (Sucre), La Prensa (La Paz), El Alteño, El Nuevo Sur, El Norte y El Potosí. A esto se le suman dos radios, repetidoras y servicios corporativos de impresión y edición. Además participa del 40% de la red televisiva PAT, el restante 60% es propiedad de la familia Daher, empresarios dedicados a la  aerolínea Aerosur y a la electrónica.

De todos modos, debido a las limitaciones en el acceso a los medios de comunicación que se evidencian en Bolivia, la radio es quien capta a la mayor parte del  público. En el país hay 700 emisoras privadas, 200 comunitarias y 30 estatales. La red más importante  es Erbol propiedad de la iglesia con gran influencia popular y con una posición de apoyo crítico a Evo Morales.  La Iglesia tiene también otra emisora, Fides que a diferencia de la anterior responde a los sectores más conservadores del clero y está bajo el mando del cura español Eduardo Pérez Iribarne.
La tercera en cantidad de audiencia es Radio Panamericana cuyos propietarios, la familia Dueri, son dueños también de casinos,  del mayor sello discográfico del país, del hotel cinco estrellas Presidente en La Paz. La cabeza visible de la familia, Miguel Dueri, fue embajador en los Emiratos Árabes Unidos para el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Finalmente la nueva constitución plurinacional se aprobó, fue reformada por el congreso y se sometió a referéndum siendo respaldada por la mayoría de la población. En dicho instrumento se puede observar que hay dos artículos que son el puntapié para el debate mediático el 106 y el 107. En el primero se garantiza el derecho a la comunicación y a la información, a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medios de difusión, sin censura previa. En el segundo se establece que los medios de comunicación social no podrán conformar de manera directa o indirecta monopolios y oligopolios.
En el 2010, gracias al tinte racista con el que hablaban las principales cadenas sobre el presidente reelecto Morales y la población, se sancionó la Ley Antidiscriminación, cuyo objetivo es fomentar la tolerancia y evitar la discriminación en cualquier ámbito sea por el motivo que sea. Esto genero otra oleada de debates en los medios debido a que, según estos, el Artículo 16 de la misma coartaba la libertad de expresión y prensa. En este se habla de sanciones económicas o de suspensión de las licencias a las empresas que autoricen o publiquen ideas racistas y discriminatorias de cualquier índole.
Los artículos de la constitución del 2009 y la ley del 2010 se pueden tomar como los primeros pilares de la Ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación que se sancionaría en 2011. El punto más relevante de la misma es la distribución del actual mapa de medios (radiodifusión y televisión analógica) en cuatro espectros: 33% para el estado, 33% para el sector comercial, 17% para los pueblos indígena originario campesinos y  17 % para las comunidades interculturales y afrobolivianas. Además la misma reglamenta la prohibición de monopolios y oligopolios así como también la obligación de emitir las cadenas nacionales. Sobre este punto Gonzalo Marroquín, a cargo de la presidencia de la SIP en ese momento, expresó en un comunicado que la medida era "un abuso de poder que restringe la libertad de prensa y el criterio editorial de los medios, al imponer en forma obligatoria y gratuita que se divulguen los mensajes de un Presidente".
Si bien desde la llegada del MAS se han recuperado la agencia de noticias ABI, el canal Televisión Boliviana, se creó el periódico estatal Cambio y la red de radios comunitarias y campesinas Patria Libre aún hoy los medios de comunicación privados siguen acaparando el 85% del espectro comunicacional y los efectos de la ley general de telecomunicaciones recién podrán empezar a apreciarse hacia el año 2017.

Ecuador
En noviembre del 2006, Rafael Correa fue elegido presidente para el período 2007-2011. En 2007 se eligió a la Asamblea Constituyente que promulgó una nueva Carta Magna, vigente desde 2008 debido a esto se tuvo que llamar a elecciones siendo así reelegido para continuar en su cargo hasta 2013.
Cuando asumió el poder ejecutivo eran ocho los grupos empresariales que controlaban los principales medios de comunicación y la mayoría de estos estaban directamente relacionados con el sector bancario financiero. Ejemplos  de esto son el Grupos Isaías y el Grupo Banco Pichincha, con dominio televisión tanto abierta  como por cable, gráfica y radio.  Además Ecuador no contaba con medios públicos o estatales principal diferencia con la mayoría de los países de la región.
Con la sanción de la nueva constitución empezó a cambiar este panorama ya que en esta se introdujo un artículo, el 312, que prohíbe la inversión de empresas del mercado financiero en las que tengan como principal actividad lo comunicacional y viceversa. Este apartado además fue modificado y ratificado en el referéndum realizado en el 2011.
Una de la empresas afectadas por ello fue Teleamazonas propiedad del Grupo Banco Pinchincha, también conocido como Fidel Egas, quien debió deslindarse de las acciones que lo relacionaban con otras entidades fuera del ramo. Además el Estado expropió en 2008 dos canales de aire, dos de cable, dos revistas y una radio al Grupo de los hermanos Isaías, dueños del Filibanco (entidad financiera denunciada por fraude durante la crisis económica de 1999). Todavía están en manos públicas, con interventores designados por el ejecutivo pero su venta a capitales privados es inminente.
Por otro lado se crearon medios públicos: un canal de televisión, el diario El Telégrafo y una radio. Surgieron en 2007 como iniciativa del actual gobierno y lentamente entraron en funcionamiento.
Más allá de estas acciones por democratizar el acceso a la información Correa sufrió en septiembre del 2010 un intento de golpe de estado por parte de la policía nacional en conjunto con la fuerza aérea apoyado por los principales medios gráficos y audiovisuales. Pasado el mediodía de ese día, las transmisiones normales fueron interrumpidas para entrar en Cadena Nacional, en respuesta a esto líderes de la oposición entraron al canal arengando a que se amnistiara a los policías sublevados, mientras grupos intentaban derribar las antenas del medio. Luego ya cerca del rescate, las señales volvieron a trasmitir desde sus estudios. Ante esto la SIP emitió su opinión a través de un comunicado: “Condenamos enérgicamente cualquier movimiento en Ecuador destinado a desestabilizar las instituciones y el orden democrático, aunque al mismo tiempo advertimos sobre la violación a la libertad de prensa que implica la obligatoriedad de enlazar a la televisión y la radio privada, a la señal de la cadena estatal”.
Esto trajo aparejadas diversas consecuencias pero en lo que a medios de comunicación respecta se pueden marcar dos. Ya en el 2011 El universal, principal diario editado en Guayaquil, sacó en su edición impresa una artículo de opinión firmado por el periodista Emilio Palacio responsabilizando al mandatario por lo ocurrido ese día y recalcando la ausencia de “libertad de expresión”. Esto generó que Rafael Correa iniciara una demanda contra el editorialista y el medio, que ganó pero luego pidió que la sentencia sea anulada.
En el referéndum del 2011 además se votó la necesidad de una Ley orgánica de comunicación que aunque obtuvo respuesta positiva de la población aún no ha sido aprobada por parte de la asamblea nacional. La misma dividiría el espectro en tres tercios otorgando un 33% para los privados, un 33% para los públicos y un 34% para los medios comunitarios. Actualmente según la superintendencia de telecomunicaciones del país el sector privado controla el 85,5% de las frecuencias radiales, 71% de las televisivas y la mayoría están concentrados entre Quito y Guayaquil. Catalogada como Ley mordaza por los principales medios locales, internacionales y la SIP, la ley en su cuerpo posee artículos que aseguran la libertad de expresión, la no censura de contenidos y el acceso a sectores que hasta el momento no han podido hacerlo de manera masiva.
Los últimos episodios del cruce medios gobierno han sido la clausura de 20 radios que estaban con problemas de papeles, aunque esto fuera tratado como embate a la libertad de prensa y la decisión del presidente trasmitida por el secretario nacional de comunicación de que sólo se concederán entrevistas para los medios que no sean oligopólicos, o sea los privados pequeños, especialmente regionales, los públicos y los comunitarios.
Conclusión
Aunque en diferentes estadíos de resolución, la situación de estos cuatro países de Latinoamérica en relación con los medios tiene puntos en común. Uno de los puntos más evidentes de la concentración, además de la reproducción en cadena de la información/opinión a través de los diversos formatos que poseen dichos conglomerados, es la centralización geográfica de la producción de contenidos e informaciones en los lugares en los que tienen sede, generalmente las capitales o ciudades con mayor población. Según Ignacio Ramonet debido a esto hoy podemos hablar de que estamos en presencia de latifundios mediáticos: “Son las mismas familias que tradicionalmente han dominado la vida económica del país y que históricamente estuvieron ligadas a la gran propiedad lo que indica la superficie enorme que estos grupos cubren”.
Por otro lado salvo en el caso de Venezuela, en los restantes la democratización todavía no ha podido llegar a ser plena y la preponderancia del sector privado aún es casi absoluta. En los lugares con leyes ya sancionadas o en proceso también queda pendiente la pregunta de cómo hará el sector comunitario para equiparse y poder iniciar trasmisiones sin un plan de apoyo estatal aún no previsto.
A su vez cabe destacar que los medios de comunicación se presentan en el territorio actualmente como los principales opositores, gracias a la  crisis de representatividad que vive cierta parte de la población de la región, apoyados claramente por la organización que los nuclea como propietarios, la SIP. Esto queda evidenciado en el relato que se hizo en el presente trabajo acerca de las diferentes campañas desestabilizadoras, netamente en contra o apoyos a los intentos de golpe.