Parirás en silencio - Por Martina Bondone, María Laura Guzmán y Germán Mercurio

“No fui la protagonista de mi propio parto”

Ingresé en la Clínica del Niño y la Familia de Quilmes ubicada en la calle Lamadrid 444 el día 4 de junio de 2012 a las 23 horas con motivo del parto y nacimiento de mi hijo Camilo. Fui asistida por la obstetra de guardia, doctora Felicitas Hernández, quien llevó adelante la atención de mi embarazo, ignorando completamente la ley 25.929 de parto respetado.

Llevé un buen embarazo y lo que más deseaba era un parto natural, al lado de mi compañero, respetuoso y con amor. Nada indicaba que esto no pudiera realizarse, ya que nunca se habló de la necesidad de una cesárea, ni complicaciones de ningún tipo.

 La primera medida que tomaron apenas entré a la guardia, fue sacar a mi marido de la sala e indicarle que espere afuera, a pesar de que la ley garantiza estar acompañadas por alguien que elijamos nosotras durante el trabajo de parto. Esta situación me generó nervios y angustia, me quedé sola, sin la contención de mi compañero. Ingresó a la sala la obstetra de guardia, la doctora Hernández, me conectó el monitoreo fetal y en una contracción observó que disminuían los latidos. Inmediatamente indicó una cesárea urgente, le digo que quiero un parto natural y me respondió que no. No realizó ninguna acción para evitar la intervención quirúrgica, sabiendo que yo no quería esta operación. No me ayudó a tranquilizarme, no me indicó cómo respirar, no me dio oxígeno, no me hizo pararme o cambiar de posición, simplemente me obligó a permanecer acostada y dio órdenes. Empecé a respirar tranquila y profundo y me informaron que los latidos se normalizaron, pregunté si podemos evitar la cesárea, a lo cual la médica me respondió que no.
Sin darme cuenta tenía cuatro personas encima: sacándome la ropa, pinchándome, afeitándome. Yo lloraba, preguntaba por mi marido y le pedía a la médica una y otra vez que quería entrar con él al quirófano. Me dijeron que no podía. En simultáneo escuché cómo se burlaban de otra parturienta y en un momento oigo también cómo se burlaban de mí porque necesitaba a mi marido conmigo.
Mi esposo volvió de hacer los trámites de internación y se sentó en la sala de espera del quirófano, donde podía escuchar mis llantos y nadie le explicaba qué sucedía. Finalmente increpó a una de las médicas y le exigió que le explique qué pasaba, le respondió que me iban a hacer una cesárea, que esperara ahí, que ya lo iban a llamar (lo cual nunca ocurrió).
El trato durante la cesárea fue horrible, fui llorando, muerta de miedo. No fui la protagonista de mi propio parto. Sentía a las personas a mi alrededor, aunque ellos se manejaban como si no estuviera allí y no pudiera escucharlos, sólo se dirigían a mí para decirme que deje de  llorar. Me trataban como si fuera un objeto fácil de manipular; yo estaba ausente. Sólo veía barbijos y batas, todo era blanco, frío y de metal. No era lo que siempre había soñado para el momento de dar a luz.

Cuando por fin nació mi hijo no pude verlo, no lo acercaron a mí para el primer contacto. Se lo llevaron sin decir una palabra y de un momento al otro todo el equipo se había retirado y quedé con una enfermera. Me pasaron a una camilla y me dejaron en un pasillo, en el que estuve sola cerca de media hora. “¿Viste?, y vos querías parto natural”, esas fueron las únicas palabras que me dijo la enfermera frente a los gritos de otra parturienta. Pregunté por mi hijo, se fue sin mirarme, y me contestó: “No sé, ya lo van a traer”.

Mientras tanto, mi marido estuvo una hora y veinte minutos en la habitación, sin saber qué pasaba, sin saber si la operación había salido bien, desconociendo mi estado y el del bebé, ya que nadie se acercó a brindarle alguna información, a pesar que intentó averiguar cuál era la situación. Sólo un gesto con el pulgar hacía arriba fue lo único que atinó a hacer la doctora Hernández cuando mi marido la llamó y ella ni siquiera se detuvo.
Finalmente pusieron mi hijo a mis pies y me llevaron a la habitación. La obstetra nunca se acercó a nuestra habitación a dar algún tipo de explicación. Hoy siento un gran dolor, impotencia e indignación, soñé mucho con ese momento y me lo robaron, convirtieron el momento más hermoso de mi vida, en un momento aterrador. Esta situación me dejó una gran depresión, en este momento estoy asistiendo a tratamiento psicológico, para tratar de entender, de sanar y de procesar lo ocurrido.
Intenté hacer la denuncia. En el Ministerio de Salud de la Nación no me la tomaron porque era una clínica privada, en Provincia tampoco, ni en Ciudad, ni en las líneas que se ocupan de asuntos de género, que me dan la razón pero me dicen que no es su competencia y me derivan a otro lugar donde tampoco me la toman.

Esta es la historia de Sol, que fue víctima de la llamada “violencia obstétrica”, un tipo de violencia de género que está amparada bajo tres leyes que no se cumplen. Cuando entendió lo que le había pasado quiso recurrir a la justicia pero no tuvo respuesta. Esta carta llegó a manos de la obstetra Mirta Merino, asesora obstétrica de la Asociación Civil Dando A Luz.

¿El Estado presente?

La ley 25929, sancionada en agosto de 2004, protege a la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el puerperio (post parto). Es conocida como “ley de parto respetado” y debe aplicarse tanto en establecimientos públicos como privados. Toda mujer en la Argentina tiene derecho a:

• Tener conocimiento sobre las prácticas que se le van a realizar
• Un trato respetuoso e individualizado
• Participar en las decisiones sobre su cuerpo
• Que respeten sus tiempos biológicos y psicológicos
• Elegir la compañía que ella desee
• Estar junto a su hijo/a en todo momento

La ley 25.485 fue sancionada en marzo de 2009 con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Esta ley ampara distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, obstétrica y contra la libertad reproductiva. En este caso la violencia obstétrica es la que sufre la mujer por parte de los profesionales de la salud. Se caracteriza por un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.
La ley 26.529 fue sancionada en noviembre de 2009 para proteger los derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Específicamente para la violencia obstétrica coinciden en un trato digno y respetuoso, ser acompañado por un familiar y tener conocimiento sobre el avance de su salud.

El cumplimiento de las leyes en su campo de aplicación se ve omitido por los médicos. La abogada especialista en mala praxis, Norma Cytryn, indica que todo desobedecimiento a la ley configura un delito o una falta civil que es la consecuencia de la negligencia u omisión por parte de los médicos.  Sin embargo los profesionales no se ven amenazados porque “no hay denuncias que los hagan pasibles de algún tipo de multa, pérdida de la matrícula o prisión preventiva”.
Mientras que la violencia obstétrica configura un tipo de violencia de género que se da específicamente en un marco institucional, la mala praxis es un campo mucho más amplio y discutible por las consecuencias residuales en los pacientes. Para Cytryn son dos situaciones que marchan por carriles separados pero dependerá del caso el punto de conexión entre ambas.

Más allá de la violencia de género

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creó en el año 2011 la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG). Julieta Arosteguy es coordinadora de este organismo, y además es miembro del Observatorio de Bioética de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es investigadora en el proyecto “Hacia la identificación de prácticas de violencia obstétrica en el marco de la Ley Nacional 26.485” de la Comisión Nacional Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación. Para ella la violencia obstétrica es el resultado de una sociedad que, de manera sistemática, desvaloriza y violenta a las mujeres y por lo tanto revertirla implica una transformación social y cultural.  “Las mujeres no conocemos nuestros derechos y no tenemos mucha información acerca de lo que es un parto natural y de la importancia de tener partos sin intervenciones médicas innecesarias”, explica Arosteguy.
Es una forma de violencia que se da en el plano de lo simbólico e ideológico y que conduce a que las personas acepten como naturales ciertas concepciones que subordinan y violentan a las mujeres. “Si pensamos en las imágenes que tenemos de parto pensamos en un parto altamente tecnificado: rodeado de personal médico con barbijos y boinas, con la mujer acostada asistida por un equipo enorme, en un entorno que parece un quirófano”, asegura Arosteguy. Esta visión es compartida por algunos profesionales de la salud, como Raquel Schallman, licenciada en obstetricia de la Universidad de Buenos Aires desde 1966. Asistió más de 2.000 partos y afirma que en el 98% de todos los nacimientos hay situaciones de violencia porque está naturalizado el maltrato y parece normal. “Los cursos pre parto preparan a las mujeres para portarse bien, para no molestar, no exigir y asumir que todo el saber y el poder lo tiene el médico”, agrega Schallman.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de cesáreas que no supere el 15% por país. Sin embargo en la Argentina este número ronda el 35% de los partos y el organismo estima que en el sector privado es mayor. Según Arosteguy y Schallman estas cifras respaldan el concepto de medicalización innecesaria en la obstetricia, pero no es la única forma de violencia y el problema radica en aquellas que no se puede medir. Ambas profesionales remarcan que no se debe reducir la cuestión a las cesáreas sin razón médica por su exposición, porque hay muchas prácticas que también son violencia obstétrica y tienen menor prensa:

• Separar a la pareja bajo las indicaciones de que el hombre haga el “papeleo”, lo que deriva en la mujer sola a la hora de prepararse para el parto.
• No respetar el tiempo biológico con goteos excesivos residuales (como la oxitocina sintética) desde el inicio del trabajo de parto, tactos realizados por diferentes profesionales, rotura artificial de la bolsa.
• Humillaciones que van desde desnudarlas, afeitarlas y utilizar apelativos denigrantes como “mami”, “nena”, “gordita” para dirigirse a ellas, así como exigirles que se callen y se “porten bien”.
• La postura para parir impuesta para comodidad de los médicos (acostada con las piernas levantadas) que va en contra de la verticalidad natural del canal de parto.
• La anestesia peridural con los riesgos que conlleva al aplicarse en la zona medular y sus efectos posteriores.
• La episiotomía (corte vaginal) para facilitar y acelerar la salida del bebé.
• La utilización de maniobras y utensilios prohibidos por la Organización Mundial de la Salud como los fórceps, la maniobra de Hamilton (que consiste en despegar del útero el polo inferior de la bolsa amniótica) y la maniobra de Kristeller (los profesionales ejercen presión sobre la panza para que el bebé se acerque al canal de parto, a veces lo hacen subiéndose sobre la embarazada)
• Y en última instancia, una vez violentados todos los pasos del parto vaginal, la cesárea.

En el sistema de salud no hay que perder de vista el factor económico y su incidencia en las prácticas profesionales. Las cesáreas se han vuelto el eje central de la discusión. Se estima que el costo actual de este tipo de intervenciones ronda entre los $4.000 y los $5.000. Para Julieta Arosteguy el beneficio médico de estas operaciones se basa en la relación entre pago y tiempo invertido: el procedimiento es más corto, se puede programar, hay mayor control y por ende se pueden realizar más trabajos en una misma jornada. “Y a veces, simplemente, las cesáreas innecesarias se deben a creencias equivocadas por parte de los profesionales, o falta de capacitación en el manejo de partos que escapan a sus parámetros de seguridad”, expone la coordinadora de la CONSAVIG.
Como partera, Raquel Schallman, aporta una visión desde adentro y desglosa la cesárea en un proceso “donde muchos ganan, excepto la madre y su bebé” y con más intervenciones de las necesarias. En primer lugar comprender las instituciones sanitarias como empresas, donde los médicos no siempre pueden escapar del sistema. “Un parto vaginal puede llevar muchísimas horas pero con la programación quirúrgica se gana en tiempo – explica Schallman – Mientras que en un parto natural sólo se necesita un obstetra y una partera, en una cesárea participan además un ayudante de cirugía, un anestesista, un instrumentador y un neonatólogo”. A esto se suma el costo de la internación que se extiende para la recuperación del paciente, así como la cantidad de insumos y medicamentos utilizados durante el proceso.

La voz de la razón

Gran parte de los profesionales de la salud consideran a la violencia obstétrica como un tema que está en boga donde las denuncias están sobredimensionadas y muchos de los casos no tienen aval como tales. Su postura apunta a que la “llamada violencia obstétrica” va más allá de la voluntad y profesionalismo médicos.
“El respeto tiene que estar siempre, eso es indiscutible – afirma la residente en obstetricia y tocoginecología Mariana Merovich del Hospital Juan A. Fernández – Pero cuando las guardias duran 24 horas y uno no duerme, no come y ni siquiera tiene tiempo para ir al baño, los errores ocurren”.
Merovich no niega las situaciones no convencionales que viven las embarazadas, pero defiende su vocación en un contexto laboral complejo: “Existe la violencia obstétrica, la violencia en la medicina y también existe la violencia hacia los médicos. Somos objetados por el tiempo que se espera para ser atendido,  por los tratamientos indicados y por la no solución al problema, todo esto con un nivel de agresividad muy alto”.

No hay que perder de vista que los obstetras llegan al momento del parto con dos pacientes por los que velar: la madre y el bebé. “Si la voluntad de la embarazada va en detrimento de la salud del feto es muy difícil tomar decisiones y poder cumplir los pedidos de la mujer”. Según Merovich el principal problema es la falta de denuncia y el desconocimiento de las herramientas que facilita el hospital para realizarlas, ya que la dirección de la institución funciona como centro de reclamo: “La regla es que las cosas se hagan bien, al médico no le da igual que le levanten un sumario, es una situación de gravedad – y agrega - Uno fue a la facultad seis años y el otro no, por eso es muy difícil que entienda los procedimientos”. Además aclara que en toda institución existe el “consentimiento informado”, un documento que el paciente debe firmar al ingresar en el que se detallan las prácticas a realizar durante su internación.
Con respecto a los procedimientos quirúrgicos, un tema cuestionado dentro de la violencia obstétrica por las “cesáreas innecesarias”, la doctora Merovich expone que las mujeres van con el objetivo de parir en el menor tiempo posible, lo cual no siempre es factible. “En mi opinión la mujer no debería ser intervenida apenas entra a la guardia y hay un tiempo de espera razonable para el trabajo de parto. Pero hay casos en los que la cesárea está indicada pre parto, así como también intra parto y se debe proceder para evitar riesgos”.
Para Merovich la ley debe aplicarse como corresponde, pero en algunos casos las fallas edilicias no permiten que se cumplan: “Si la ley dice que la embarazada puede parir en la posición que quiera, entonces tiene que haber en todas las maternidades un banquito de parto. Si la ley dice que la embarazada puede estar acompañada en su parto, debería existir la infraestructura necesaria para que los partos sigan siendo respetados. No es lo mismo hacer un parto en una camilla que funciona que en una que no funciona y eso puede traer complicaciones”.
La falta de reglamentación legal justifica la vulnerabilidad de la mujer. La falta de apoyo y redistribución de insumos es la base de los problemas institucionales de los hospitales. El actor que es puesto en jaque, es uno y es evidente: el estado.